México podría finalmente poner en marcha la fase operativa de su Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) a principios de 2027, después de seis años de pruebas y ajustes regulatorios, técnicos e institucionales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) trabaja para emitir las bases definitivas a más tardar a inicios del próximo año, afirmó Norma Munguía, directora general de Políticas para la Acción Climática de la dependencia.
Durante el panel Sistemas de Comercio de Emisiones: futuro y retos en México, realizado en el Mexico Carbon Forum, la funcionaria reconoció que el País no puede seguir postergando su implementación.
«Estamos conscientes que estamos perdiendo mercado, estamos perdiendo financiamientos internacionales en la medida en la que no tengamos un sistema de comercio de emisiones funcionando», advirtió.
El programa piloto, vigente entre 2020 y 2025, comprendió alrededor de 300 instalaciones pertenecientes a unos 90 corporativos de los sectores industrial, generación eléctrica y petróleo y gas.
La Fase 1 representará un cambio de fondo: el sistema dejará de ser un ejercicio de aprendizaje para convertirse en un mercado con obligaciones y sanciones económicas.
«El sistema deja de ser solamente un ejercicio de aprendizaje y avanza hacia una etapa operativa, orientada a producir mitigación por obligaciones sancionables económicamente», señaló Munguía.
Aunque durante el piloto no hubo sanciones, en promedio 90 por ciento de las instalaciones entregó sus derechos de emisión y 92 por ciento verificó sus emisiones.
Adelantó que la nueva etapa se mantendrá como referencia el umbral de participación de 100 mil toneladas anuales de CO2 por instalación.
El sistema incorporará además subastas de derechos de emisión, mayor monitoreo y supervisión, sanciones y criterios para utilizar créditos de carbono como mecanismo de flexibilidad.
Sin embargo, dijo todavía debe adecuarse la operación de las subastas, el régimen de sanciones y las reservas.
Munguía sostuvo que no es necesario esperar a que cada elemento esté perfectamente diseñado para iniciar operaciones, pues el esquema podrá perfeccionarse posteriormente.
México cuenta ya con infraestructura como el Registro Nacional de Emisiones, metodologías de medición, reporte y verificación, además de la experiencia acumulada durante el piloto.
Otro reto será hacer compatible el SCE federal con los impuestos estatales al carbono que operan en 11 entidades, cuyas cuotas van entre 58 y hasta 692 pesos por tonelada.
La disparidad de gases cubiertos, metodologías, umbrales y potenciales de calentamiento global puede provocar que dos instalaciones con emisiones equivalentes enfrenten obligaciones distintas.
Por ello, Federación y estados deberán avanzar hacia criterios comparables y evitar que una misma tonelada termine sujeta a cargas duplicadas.
En paralelo, Semarnat desarrolla el Programa Nacional de Compensaciones, que permitirá ordenar la oferta de créditos de carbono y determinar cuáles podrán ser utilizados por las empresas para cubrir parte de sus obligaciones.
Los créditos deberán cumplir criterios de integridad ambiental, trazabilidad y verificación, y provenir de proyectos realizados en México.
«Un proyecto que no cuente con ese reconocimiento queda dependiendo únicamente de la demanda voluntaria y de la volatilidad», explicó.
Para Munguía, la prioridad es arrancar.
«El objetivo no es solamente publicar disposiciones, es lograr que el sistema funcione y que podamos arrancar».
Enfrentan estados el reto de crear un mercado de carbono atractivo
Crear impuestos a las emisiones ya no es suficiente para impulsar la descarbonización en los estados. El desafío ahora es diseñarlos con precios e incentivos que lleven a las empresas a demandar créditos de carbono y así detonar proyectos locales de reducción de emisiones.
Pero lograrlo requiere resolver una ecuación: el precio debe ser suficientemente alto para modificar las decisiones empresariales, pero también debe existir una oferta confiable de créditos y proyectos capaz de absorber la demanda generada por el impuesto.
Durante el Mexico Carbon Forum 2026, funcionarios de los estados de Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y Colima expusieron resultados muy distintos de sus instrumentos subnacionales. Actualmente once entidades en el País cuentan con impuestos estatales relacionados con gases de efecto invernadero, cuyas cuotas oscilan aproximadamente entre 58 y 692 pesos por tonelada.
Querétaro muestra uno de los mercados más desarrollados. Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente estatal, explicó que el esquema tiene una demanda aproximada de 500 mil toneladas de CO2, frente a emisiones estatales por unos 12 millones de toneladas.
Tras cinco años, la permanencia del impuesto ha dado certidumbre para atraer desarrolladores y actualmente existen ocho proyectos en áreas como forestal, ganadería regenerativa, reciclaje de electrónicos, refrigerantes, compostaje y rellenos sanitarios.
«Cuando tienes un esquema consolidado de cinco años que ha sido permanente, entonces genera confianza», afirmó.
Además, aseveró que las reglas favorecen proyectos locales alineados con las trayectorias de descarbonización. Por ejemplo, un crédito de economía circular o emisiones evitadas que se vende fuera de Querétaro puede comercializarse entre 6 y 7 dólares, pero dentro del esquema puede alcanzar 10 dólares. Para soluciones basadas en naturaleza, la diferencia puede ser de 16 a 30 dólares.
Tamaulipas enfrenta el problema contrario: un precio efectivo tan bajo que las empresas tienen pocos incentivos para compensar.
Humberto Calderón, coordinador de Fortalecimiento Institucional estatal, explicó que aunque la referencia del impuesto es de 8.5 UMA, las exenciones e incentivos reducen considerablemente el pago.
Las empresas que utilizan gas natural tienen un descuento de 85 por ciento, llevando el costo a alrededor de 40 pesos por tonelada.
«Difícilmente encuentran para compensar créditos de carbono que estén por debajo de ese precio. Prefieren mejor pagar directo el impuesto», reconoció.
Aunque las compensaciones están permitidas desde 2024, Tamaulipas todavía no registra operaciones. Por ello prepara una reforma para aplicar las exenciones sobre la base de emisiones y no sobre la cuota, buscando conservar una señal de precio que haga viable comprar créditos.
Guanajuato también ha utilizado un esquema gradual: su impuesto comenzó alrededor de 45 pesos por tonelada y actualmente alcanza 100 pesos, mientras trabaja en desarrollar un sistema de compensaciones que conecte la política fiscal con la climática.
Colima, cuyo impuesto entró en vigor en 2025, consiguió alrededor de 35 mil toneladas compensadas en su primer ejercicio, pero todavía carece de proyectos locales consolidados que generen créditos.
Ante ello, coincidieron, establecer un precio al carbono es apenas el primer paso. Si pagar el impuesto resulta más barato que compensar, las empresas elegirán la primera opción; pero si aumenta la demanda sin una oferta suficiente de créditos íntegros, tampoco podrá desarrollarse el mercado.
Fuente: REFORMA
Este cambio, sumado al ecosistema de impuestos estatales al carbono en 11 entidades y al nuevo Programa Nacional de Compensaciones, exige a los corporativos una rigurosidad técnica sin precedentes. Contar con datos de emisión verificados y trazables ya no es únicamente un ejercicio de reporte, sino un factor determinante para gestionar riesgos financieros, evitar doble tributación y asegurar el cumplimiento legal ante las autoridades federales y subnacionales.
En Sustentable-Mente ayudamos a las organizaciones a fortalecer la credibilidad de su información climática y dar cumplimiento normativo a través de nuestras divisiones de Aseguramiento, Auditoría y Verificación y Sostenibilidad Corporativa:
- Verificación Acreditada de GEI: Verificación independiente con acreditación de la EMA bajo ISO 14064-1 para el Registro Nacional de Emisiones (RENE), el Programa del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y Programas Estatales para pago de impuestos ambientales.
- Contabilidad e Inventarios de Carbono: Elaboración de inventarios de emisiones GEI de alcance 1, 2 y 3 bajo metodologías ISO 14064 y GHG Protocol para estructurar estrategias de mitigación alineadas a los requerimientos del mercado.
Prepárate hoy para la nueva etapa de la gestión del carbono. Verifica tus inventarios con metodologías alineadas a los estándares internacionales más recientes y convierte el cumplimiento en una oportunidad para impulsar la competitividad, la transparencia y la confianza de tu organización.